Observaciones a sentencia que espera último pronunciamiento

La sentencia de tres años de cárcel para los directivos de EL UNIVERSO, acusados de ‘autores coadyuvantes’ del delito de injurias, cómo se calculó la indemnización de $ 40 millones al presidente Rafael Correa y la inclusión de una persona jurídica –la empresa que edita el periódico– en un juicio penal, es lo que deben revisar los jueces de última instancia.

El recurso de casación permite revisar errores en la sentencia, ya sea por mala aplicación o interpretación de la ley. Y en el fallo emitido el 20 de julio del 2011 en el Juzgado 15º de Garantías Penales del Guayas, entonces a cargo del juez temporal Juan Paredes, hay varios cuestionamientos por parte de la defensa de EL UNIVERSO y observaciones de juristas nacionales y extranjeros.

Juan García Amado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de León, España, quien analizó la sentencia y revisó la legislación ecuatoriana, sostiene que en el fallo de primera instancia no se hace un cálculo del daño que pudiera haberle causado el artículo de Palacio ‘No a las mentiras’, que motivó la demanda.

Critica que los únicos motivos expuestos por el juez sean que el agraviado tiene familia; posee títulos académicos; ostenta un cargo público que le permite administrar el presupuesto del Estado y su condición de profesor.

El artículo 76 de la Constitución dice que “los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos”, recuerda Joffre Campaña, procurador judicial.

Sobre la figura de ‘autoría coadyuvante’, Enrique Gimbernat, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, dice que la legislación ecuatoriana conduce “necesariamente” a la absolución de los directivos y de la compañía EL UNIVERSO. En el caso de esta última se “infringe el principio de legalidad”, pues al ser una persona jurídica, “no puede ser autora coadyuvante de un delito que tiene como requisito típico que el autor sea una persona física”.

Ricardo Vaca, jurista ecuatoriano, dice que a la persona jurídica “se pretende reclamarle una millonaria suma de dinero sin existir ni la más mínima o elemental base legal, que no sea el solo deseo del querellante; para lo cual se tuvo que acudir al ilegal artificio de acusarla penalmente, a fin de involucrarla en el proceso, en contra de todo el sistema de nuestro Código Penal”.


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