Código de Procedimiento Penal acepta videos grabados por uno de los participantes

La exjueza Mónica Encalada presentó el viernes pasado partes de la grabación de una conversación que mantuvo en enero pasado con el juez Juan Paredes.

El video de la conversación que mantuvieron dos de los cinco jueces que tramitaron en primera instancia el juicio que siguió el presidente Rafael Correa contra EL UNIVERSO sí tendría validez jurídica, según el Código de Procedimiento Penal vigente.

Y por ello la grabación del diálogo entre Mónica Encalada y Juan Paredes podría usarse como prueba en la indagación previa que sigue la Fiscalía del Guayas en contra de este último por prevaricato y falsedad ideológica al simular la redacción del fallo en contra de este Diario, sus directivos y su exeditor de Opinión, dentro de la querella por injurias, que terminó con la remisión de la pena.

La exjueza grabó el diálogo con Paredes sin su autorización el pasado 30 de enero, en el despacho del Tercer Tribunal Penal del Guayas.

En ese video, se escucha al juez temporal decir que recibió la sentencia contra este Diario ya redactada en un pendrive. Agrega que solo le cambió el monto de la indemnización a pagar. De $ 60 millones la habría bajado a $ 40 millones.

El artículo 155 del Código señala que, para interceptar conversaciones telefónicas o de otro tipo se requiere autorización de juez. “El juez de Garantías Penales puede autorizar por escrito al fiscal para que intercepte y registre conversaciones telefónicas o de otro tipo, cuando lo considere indispensable para impedir la consumación de un delito, o para comprobar la existencia de uno ya cometido, o la responsabilidad de los partícipes”.

Pero en el siguiente artículo de la norma se establece una excepción: “No se requerirá la autorización a la que se refiere el artículo anterior, en los casos en que las grabaciones de audio o video sean obtenidas por cámaras de seguridad o en lugares públicos; así como tampoco en los casos en que se divulguen grabaciones de audio o video obtenidas por uno de los intervinientes. En estos casos el juez de Garantías Penales tendrá la facultad de admitir o no la prueba obtenida a través de estos medios, valorando su autenticidad, la forma en que se obtuvo, los derechos en conflicto, y el bien jurídico protegido”.

Con base a estos articulados, el abogado de EL UNIVERSO, Joffre Campaña, pedirá a la Fiscalía que considere el video de Encalada como un “elemento de convicción” –además de los testimonios e informes periciales obtenidos– para iniciar de inmediato una excitativa fiscal contra Paredes.

La expresidenta de la Corte Provincial de Justicia, María Leonor Jiménez, confirmó que la ley sí considera los videos como prueba dentro de un proceso. Previamente, no obstante, peritos debidamente acreditados deben establecer su autenticidad y si han sido o no editados o manipulados.

Jiménez recordó que en el juicio por sabotaje y terrorismo contra dirigentes populares de Cotopaxi, quienes fueron sentenciados a prisión la semana pasada, la Fiscalía basó su acusación en videos.

Aunque expresó que la valoración de la forma en que se obtuvo la grabación y si esta es relevante para el proceso dependerá del juzgador.

El pasado viernes, el abogado del mandatario, Gutemberg Vera, le restó valor de prueba al video. Para él, el uso de subtítulos evidencian que fue modificado. Esa grabación “es un acto de mala fe, un acto doloso”.


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